¿Cómo se relacionan la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la impunidad?

Érika Torres

El principal problema de la corrupción es que no existe una sola corrupción, sino que hay distintos tipos como los sobornos, la extorsión o el clientelismo, entre otros. También hay diferente tipos de violaciones a los derechos humanos, por lo que se necesitan distintos diagnósticos y tipos de política pública para incidir en el problema, comentó Luis Daniel Vázquez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México (Flacso-México).

Durante la conferencia "Corrupción, impunidad y derechos humanos", organizada por las maestrías en Derechos Humanos y Paz, Política y Gestión Pública, Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica y la Especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción del ITESO, Vázquez mencionó que su trabajo en temas de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos data del 2014, año en el que se publica la investigación acerca de la casa blanca del entonces presidente Enrique Peña Nieto y en el que ocurre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En diálogos con colectivos y periodistas se llegó a la conclusión que de que, sea el tipo de violación a los derechos humanos que sea, el cuello de botella siempre estaba en una fiscalía.  

"A partir de ahí nos dimos cuenta de ya estaba muy posicionado el tema de la corrupción, pero no el del combate a la impunidad", dijo. 

Para explicar la relación entre corrupción y derechos humanos, Vázquez  se valió de tres ejemplos: el de Pasta de Conchos, la ya mencionada casa blanca y las empresas fantasma de Javier Duarte.  

De Pasta de Conchos, el académico comentó que un par de semanas antes de la explosión, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había terminado un proceso de inspección de la mina, determinando que cumplía con todos los criterios de sanidad y todos los procesos de seguridad, aunque faltaron seis medidas de las que no se dio cuenta.  

Tras la explosión salieron a la luz historias sobre el mal funcionamiento de la mina, "y siendo un poquito malpensados, cualquiera de nosotros pensaría que ese conjunto de inspectores que hizo la verificación de la mina probablemente recibió un soborno, gracias al cual la mina pudo seguir en actividad, aunque no cumplía con los criterios reglamentarios correspondientes. Aquí tenemos una primera relación entre un posible acto de corrupción y violaciones a los derechos humanos", dijo. 

Acerca de la casa blanca, Vázquez señaló que el inmueble no estaba a nombre de Enrique Peña Nieto, sino al de Grupo HIGA, constructora que se había beneficiado de los contratos y licitaciones públicas desde que fue gobernador del Estado de México.  

¿Por qué un pago de soborno del tamaño de la casa blanca tendría que ver con los derechos humanos? Las licitaciones amañadas y los sobreprecios atentan contra el derecho a la igualdad y no discriminación de los proveedores, fomentando que haya menos bienes y servicios.

"En la medida en que vienen pagos con sobreprecios, el presupuesto se hace más pequeño, tenemos menos dinero para construir hospitales, escuelas; contratar enfermeros y enfermeras, maestros y maestras; para tener programas de vivienda, de alimentación; para mejorar nuestro acceso al agua, mejorar la policía, y para llevar a cabo todas aquellas políticas públicas que garantizan y promueven los derechos humanos", explicó. 

En el caso de las empresas fantasma de Javier Duarte, en Veracruz, los problemas con estas licitaciones se involucraron directamente con los derechos humanos, ya que eran programas sociales dirigidos a personas en situación de marginación, quienes nunca recibieron los bienes y servicios prometidos.

"Algunos de estos programas tenían padrones, es decir, había una población objetivo, y en la medida que tienes una población objetivo lo segundo que tienes son víctimas objetivas de violaciones a derechos humanos", dijo. 

Tras hablar de estos tres ejemplos, el académico se enfocó en la relación que tienen los sobornos con la violación de los derechos humanos, que se ve en cómo se usan como condición para acceder a derechos; para realizar acciones prohibidas, desviación de fondos, corrupción estructural y hasta para las extorsiones sexuales.  

En cuanto a la percepción de la corrupción por regiones, de acuerdo con los datos más actualizados que presentó (del 2012 al 2015), América Latina es la segunda más corrupta, solo superada por la región de África subsahariana. De acuerdo con datos de 2017, en Latinoamérica el país con más corrupción es Venezuela y el que se percibe con menos es Uruguay, México está solo cuatro lugares arriba que el país gobernado por Nicolás Maduro. 

Hablar de violaciones de derechos humanos es hablar también de impunidad, que es la inexistencia de castigo frente a un hecho ilícito, lo que incentiva, facilita y mantiene estas violaciones. Y si en percepción América Latina es la segunda peor región, en impunidad es la número uno, según los datos que presentó el académico de la UNAM. 

"La impunidad en sí misma no es una violación a los derechos humanos", aclaró, "pero lo que sí genera es un contexto de posibilidad para que ocurra esa violación a los derechos humanos y para que, justamente, no suceda nada". 

La impunidad, entonces, "se convierte en un patrón estructural de las violaciones de los derechos humanos (…) y lo que tenemos que analizar e investigar es cuáles son esos patrones estructurales para modificarlos, y en la medida que logremos modificar esos patrones estaremos incidiendo en las causas más profundas de las violaciones a los derechos humanos", enfatizó.