Analizan la política migratoria de México y Estados Unidos
Docentes de la Loyola Marymount University y del ITESO repasaron las actuales políticas migratorias de ambos países como parte de la asignatura "Migración, asilo y refugio", que se imparte durante el Verano Internacional.
Édgar Velasco
En 1854 se expidió en México el primer antecedente de lo que podría considerarse una Ley de Migración: el Decreto de Extranjería y Nacionalidad. Desde entonces el tema se ha tratado de normar en nueve iniciativas legales que derivaron en la promulgación de la legislación vigente promulgada en 2011. No obstante los avances en la materia, lo cierto es que no hay una política migratoria clara y casi siempre lo que prevalece es lo que se dicte desde Estados Unidos. Con el objetivo de dar un vistazo a la actualidad de la política migratoria de ambas naciones, tuvo lugar una clase abierta en el marco de la asignatura "Migración, asilo y refugiados", como parte del Verano Internacional del ITESO.
La actividad se realizó en dos momentos. En el primero participaron Marissa Montes y Yanira Lemus, integrantes del equipo de la Immigrant Justice Clinic en la Loyola Marymount University (LMU). Montes se presentó diciendo que es el sexto año en el que acude al ITESO para impartir clases durante el Verano Internacional y explicó que desde la clínica de la que es directora buscan trabajar en dos vías: reforzar el sentido de comunidad e incidir entre la sociedad, específicamente entre los migrantes y entre los estudiantes.
En ese sentido, dijo Lemus, la clínica tiene como objetivos principales avanzar en la defensa de los derechos de la población migrante y enseñar a las y los estudiantes de la Licenciatura en Derecho habilidades para defender a las personas en un entorno real.
Las académicas de LMU tomaron como punto de partida la cancelación del Título 42, como se conoce a la medida que había regido la política migratoria reciente de Estados Unidos a partir de la pandemia de Covid-19. Montes dijo que, de entrada, se le había dado un mal uso a la medida, ya que ésta no tenía un interés migratorio de origen, sino de salud pública. "Aun así fue usado para bloquear la entrada de migrantes", señaló la académica, para luego mencionar que ahora la política migratoria será regida por el Título 8, que contempla, entre otras medidas, la deportación expedita a manos de agentes fronterizos.
Las dos académicas expusieron las diferentes opciones con las que cuentan quienes quieren solicitar refugio o asilo en Estados Unidos —los primeros, a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); los segundos, directamente en la frontera frente a una autoridad migratoria— y explicaron que, muchas veces, el hecho de que se otorgue o no esta condición a una persona está determinado por el racismo. "Es difícil llevar temas de asilo, por lo que buscamos orientar a las personas para que recurran a otras opciones en las que hay más posibilidades de obtener un fallo positivo", dijo Montes, y junto con Lemus explicó algunas de las otras alternativas, como las visas U y T, el Special Immigrant Juvenile Status, el Violence Against Women Act y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), entre otras. También expusieron la iniciativa de instalar centros de procesamiento en Guatemala y Colombia, a los que se podrá acudir para solicitar asilo sin exponerse al viaje, aunque dijeron que en realidad todo parece indicar que se trata de una medida para desincentivar los flujos migratorios.
El segundo momento de la jornada estuvo a cargo de Karina Arias, académica del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) del ITESO, y de Luis Enrique González Araiza, director ejecutivo de FM4 Paso Libre y también profesor de la universidad. La primera hizo un repaso histórico de las normas y leyes que se han ocupado del tema migratorio en el país y señaló que, desde el nacimiento de México como nación, "no hemos tenido una política migratoria como tal". Señaló que en un principio las normas estaban marcadas por "el miedo del México independiente a ser colonizado de nuevo, por lo que las leyes buscaban prevenir una invasión extranjera y estaban enfocadas en limitar los derechos políticos. Es algo que persiste".
Arias también explicó que un denominador común es otorgar privilegios y beneficios migratorios a las personas emigrantes que pueden invertir o traer una "mejora social", lo que sea que eso signifique. Para el Estado mexicano, añadió, "la migración ha sido vista como una válvula de escape, porque le permite evadir responsabilidades como la cobertura de seguridad social, además de que recibe dinero vía las remesas". Finalmente, dijo que a partir de la reforma migratoria de 2011 han ocurrido cambios paulatinos que han cristalizado en la reestructura del Instituto Nacional de Migración, la creación de consejos consultivos, la Ley sobre Refugiados y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que contempla un apartado sobre las infancias en situación de movilidad humana.
Luis Enrique González expuso en términos generales cómo está distribuida la atención del tema migratorio en los tres órdenes de gobierno. Detalló las instituciones encargadas como son las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Expuso las convenciones en materia de asilo y refugio que México ha firmado y ratificado; el intrincado proceso que deben seguir las personas y también los pasos que se siguen cuando se trata de infancias. Concluyó su intervención señalando que el sistema de asilo en el país es incompleto y la gestión migratoria "sigue una política de detección, detención y deportación".